Al cierre de julio de 2026, el 64.11 % de la cartera de los fondos de pensiones dominicanos estaba colocado en instrumentos del Gobierno Central y del sector descentralizado y autónomo, principalmente títulos del Ministerio de Hacienda y del Banco Central.
Dicho de otro modo: de cada tres pesos que un trabajador dominicano ha ahorrado para su vejez, dos están prestados al Estado.
Esa proporción viene bajando. En abril de 2021 alcanzó su nivel más alto de la serie, 81.35 %. Desde entonces retrocedió diecisiete puntos.
Ese descenso es real y sostenido. Pero al abrir la cifra en sus dos componentes, muestra algo distinto de lo que sugiere el agregado.
Lo que bajó y lo que subió
Entre enero de 2020 y julio de 2026, la participación del Gobierno Central en la cartera pasó de 35.25 % a 56.05 %, un aumento de 20.8 puntos. En el mismo período, la participación del sector descentralizado y autónomo pasó de 41.72 % a 8.06 %, una reducción de 33.7 puntos. Método: diferencia entre el primer y el último dato de cada serie mensual.
La exposición total al Estado cayó doce puntos. La exposición directa al Ministerio de Hacienda subió veintiuno.
Lo que se redujo no fue el financiamiento al sector público: fue el peso del Banco Central dentro de ese financiamiento. En enero de 2020 el emisor principal del ahorro previsional era el Banco Central. Hoy es el Ministerio de Hacienda, con más de la mitad de toda la cartera.
Dónde fue el resto
Si la exposición estatal bajó doce puntos, esos recursos fueron a algún lado. La respuesta no es la que cabría esperar.
Entre enero de 2020 y julio de 2026, la participación de los bancos comerciales y de servicios múltiples pasó de 10.12 % a 6.96 %. La de empresas privadas pasó de 4.92 % a 2.00 %. La de asociaciones de ahorros y préstamos pasó de 1.85 % a 2.00 %.
En el mismo período, la participación de los fondos de inversión pasó de 5.29 % a 19.49 %.
Es decir: el crédito directo de los fondos de pensiones a la banca comercial se contrajo, y el financiamiento directo a empresas privadas se redujo a menos de la mitad. El único componente que creció fue el de fondos de inversión, que casi cuadruplicó su participación.
La pregunta que queda abierta
Un fondo de inversión es un vehículo de colocación, no un destino final. Su cartera puede incluir deuda pública, deuda privada, inmuebles o instrumentos estructurados, en proporciones que el cuadro mensual de SIPEN no desglosa.
Eso significa que el 64.11 % es el piso de la exposición estatal, no necesariamente su techo. Si una parte de ese 19.49 % en fondos de inversión estuviera colocada en títulos del Estado, la exposición efectiva sería mayor.
CRITERIO no dispone de esa información. Determinarla requiere las carteras individuales de los fondos de inversión aprobados como alternativa de inversión previsional, que son documentos públicos registrados ante la Superintendencia del Mercado de Valores.
Es el objeto de la segunda entrega de esta serie.
El otro lado del asiento
Hasta aquí la pieza describe una cartera. Pero cada instrumento de deuda tiene dos partes: quien presta y quien debe.
Al cierre de julio de 2026, el patrimonio de los fondos de pensiones ascendía a unos RD$1,481,400 millones. Aplicando la participación de 56.05 %, la tenencia de instrumentos del Gobierno Central equivale a aproximadamente RD$830,300 millones. Sobre un PIB nominal de RD$7,897,551 millones en 2025, eso representa cerca del 10.5 % del producto. Método: participación porcentual del cuadro de SIPEN aplicada al patrimonio total, sobre PIB nominal anual del Banco Central. Pendiente de contraste contra el patrimonio publicado en el boletín trimestral de SIPEN.
Con una deuda pública de 47.9 % del PIB al cierre de 2025, esa tenencia equivale a alrededor del 22 % del total de la deuda pública dominicana. Incluyendo los títulos del Banco Central, la proporción se acerca al 25 %. Método: cociente entre la tenencia estimada y el saldo de deuda implícito en el porcentaje publicado.
Dicho de otro modo: aproximadamente uno de cada cuatro o cinco pesos que debe el Estado dominicano se los debe a los fondos de pensiones de los trabajadores.
Conviene precisar qué no significa esa cifra. Esos bonos no son deuda adicional: ya están contabilizados dentro de la deuda pública interna. Lo que la cifra revela no es cuánto se debe, sino a quién.
Lo que la cifra no incluye
Existen obligaciones del Estado que no aparecen en el saldo de deuda pública y que esta pieza no cuantifica.
Entre ellas, las deudas administrativas con suplidores y contratistas, y los compromisos derivados de contratos de alianza público-privada, en los que el Estado puede asumir garantías sobre deuda contraída por el operador privado.
CRITERIO no dispone de cifras verificadas sobre esos conceptos. Determinar su magnitud requiere los informes de deuda administrativa del Ministerio de Hacienda y el registro de contratos bajo la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas.
Se consigna aquí porque la comparación entre la tenencia previsional y el saldo de deuda pública tiene ese límite: el denominador podría ser mayor que el publicado.
Qué significa esto en la práctica
Cuando un trabajador dominicano cotiza a su AFP, ese dinero no se guarda: se presta. La ley obliga a invertirlo, y la AFP escoge entre los instrumentos que la normativa autoriza.
Hoy, dos de cada tres pesos de ese ahorro están prestados al Estado dominicano. En abril de 2021 eran cuatro de cada cinco.
Visto desde el otro lado, el resultado es el mismo hecho expresado al revés: alrededor de uno de cada cuatro pesos que debe el Estado dominicano se los debe a los trabajadores que cotizan. No a bancos extranjeros, no a organismos multilaterales, no a tenedores internacionales de bonos: a los afiliados del sistema de pensiones.
Eso no es irregular. La ley permite invertir en instrumentos del Estado, y esos instrumentos suelen ser los de menor riesgo disponible en el mercado local. Un país donde el ahorro previsional financia obra pública en lugar de salir al exterior tiene, en principio, un circuito virtuoso.
Lo que la cifra plantea es otra cosa: la pensión futura de esos trabajadores y la solvencia del Estado dejaron de ser dos riesgos separados. Si uno se deteriora, el otro también.
Y hay un dato que conviene retener por lo que abre más que por lo que dice: el financiamiento directo de los fondos de pensiones a empresas privadas dominicanas se redujo de 4.92 % a 2.00 % de la cartera en seis años. El ahorro de los trabajadores llegó al Estado; a la empresa privada dominicana, cada vez menos.