En la primera entrega de esta serie se estableció que dos de cada tres pesos del ahorro previsional dominicano financian al sector público. Esta entrega se ocupa de una pregunta distinta: no cuánto, sino en manos de quién.
Al cierre de julio de 2026, el 56.05 % de la cartera de los fondos de pensiones estaba colocado en instrumentos del Gobierno Central. En enero de 2020 esa participación era de 35.25 %.
Más de la mitad del ahorro para la vejez de los trabajadores dominicanos está en instrumentos de un solo emisor.
La sustitución
El aumento del Gobierno Central —20.8 puntos— es casi exactamente equivalente a la reducción del sector descentralizado y autónomo, que perdió 33.7 puntos en el mismo período. La diferencia entre ambos movimientos, unos 13 puntos, corresponde a la reducción neta de la exposición estatal total. Método: comparación de las series mensuales de participación por sector.
El Banco Central era, en enero de 2020, el mayor receptor del ahorro previsional dominicano, con 41.72 % de la cartera. En julio de 2026 su participación es de 8.06 %.
Esa reducción es consistente con el proceso de recapitalización del Banco Central y con la disminución de su deuda cuasifiscal. Pero el efecto sobre la cartera de pensiones no fue una diversificación hacia el sector privado: fue un traslado hacia el Ministerio de Hacienda.
Los límites que fija la normativa
El artículo 97 de la Ley 87-01 enumera los instrumentos financieros en los que pueden invertirse los fondos de pensiones. El artículo 99 establece que la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión determina el grado de riesgo de cada tipo de instrumento, la diversificación de las inversiones y los límites aplicables.
La Resolución núm. 1 de esa Comisión, del 16 de diciembre de 2002, establece en su artículo 4 los límites máximos de inversión por tipo de instrumento, y en su artículo 5 los límites por emisor, aplicables tanto a cada tipo de fondo individual como a la suma de los fondos que administre una AFP.
La Comisión está integrada por la Superintendencia de Pensiones, que la preside, el Banco Central, la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros.
Existe, por tanto, un marco de límites. Lo que esta pieza no puede establecer es cuál es el límite vigente aplicable a los instrumentos del Estado dominicano, ni qué margen resta.
Por qué no se puede verificar con lo publicado
Los cuadros mensuales de SIPEN incluyen, para cada AFP y cada instrumento, columnas de límite permitido y margen disponible. Pero esos límites se expresan por tipo de instrumento y por emisor individual, mientras que la agregación por sector —que es la que permite ver la concentración— no tiene un límite equivalente publicado en el mismo cuadro.
Además, la Resolución núm. 1 de 2002 ha sido objeto de modificaciones sucesivas a lo largo de más de dos décadas. Determinar el límite vigente exige revisar la serie completa de resoluciones de la Comisión, que se publican individualmente en el portal de SIPEN.
CRITERIO no ha completado esa revisión. Es el objeto de la tercera entrega.
Lo que la cifra sí permite afirmar
Que la participación del Gobierno Central en la cartera de pensiones creció veinte puntos en seis años, y que hoy supera la mitad del total.
Que ese crecimiento coincidió con la reducción de la participación del Banco Central, en magnitud similar.
Y que el sector privado no absorbió esa reasignación: bancos comerciales y empresas privadas redujeron su participación en el mismo período.
La pregunta del precio
Hay una dimensión que esta serie aún no aborda y que conviene enunciar con precisión, porque es donde el análisis puede desbordarse hacia la especulación.
Cuando un comprador concentra una porción mayoritaria de las emisiones de un emisor, y ese comprador está obligado por ley a invertir dentro de una lista cerrada de instrumentos, la formación del precio no ocurre en las mismas condiciones que en un mercado con múltiples compradores alternativos.
Eso es teoría financiera, no un hallazgo sobre el caso dominicano. Convertirlo en hallazgo exige responder tres preguntas con documentos:
Qué rendimiento reciben los fondos. SIPEN publica la rentabilidad nominal de los fondos de pensiones. Esa cifra existe y es verificable.
Qué tasa paga el Estado en sus emisiones. Consta en los prospectos y en los resultados de las subastas del Ministerio de Hacienda.
Con qué comparar. El rendimiento de instrumentos de riesgo comparable disponibles en el mercado local: certificados financieros, deuda corporativa de grado de inversión.
Si las tres series muestran que el Estado se financia por debajo de lo que pagaría a otros acreedores, eso sería un hallazgo. Si muestran lo contrario, también.
CRITERIO no ha construido esas series. Están identificadas y las fuentes son públicas. Será objeto de una entrega posterior de esta serie.
Lo que no corresponde es afirmar la conclusión antes de tener los tres números.
Qué significa esto en la práctica
Diversificar una cartera significa repartir el riesgo entre destinos que no fallen al mismo tiempo. Si un emisor concentra más de la mitad, el riesgo de esa cartera es, en buena medida, el riesgo de ese emisor.
En este caso el emisor es el Estado dominicano, y la probabilidad de que incumpla su deuda es baja. Pero es el mismo Estado del que dependen la seguridad social, el empleo público, el gasto en salud y educación, y la garantía estatal de la propia pensión mínima. Si ese Estado tuviera dificultades fiscales, las tendría en todos esos frentes a la vez.
Eso no es un pronóstico ni una denuncia: es la definición de concentración.
Hay una segunda consecuencia, y es de precio. El principal comprador de deuda pública dominicana es un actor obligado por ley a invertir, dentro de una lista cerrada de opciones. En esas condiciones, la tasa a la que el Estado se financia no se forma igual que si compitiera por ese dinero con otros destinos.
Si esa tasa es mayor, menor o igual a la de mercado, esta pieza no lo establece. Las tres series necesarias para saberlo están identificadas y son públicas.
Y queda una tercera, que rara vez se dice. Una porción mayoritaria de la deuda interna dominicana no está en manos de bancos ni de tenedores extranjeros: está en las cuentas individuales de los trabajadores que cotizan. Cuando se discute el nivel de endeudamiento público, se está discutiendo también de quién es ese crédito.