La primera cuenta calorías: cuántas personas ingieren menos energía de la que su cuerpo necesita. La segunda pregunta directamente a los hogares si han tenido que reducir porciones, saltarse comidas o quedarse sin alimentos por falta de dinero.
En República Dominicana, las dos mediciones apuntan en direcciones opuestas. Esa distancia es el asunto de esta pieza.
Las dos cifras
República Dominicana registra 2.8 % de prevalencia de subalimentación en el trienio 2022-2024. El promedio de América Latina y el Caribe es 5.1 %. Haití registra 51.4 %.
En el conteo de calorías, el país está entre los mejores de la región.
En el mismo país, la inseguridad alimentaria moderada o grave alcanza al 41.3 % de la población en el trienio 2023-2025. El promedio regional es 24.2 %.
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAOSTAT) · criteriolatam.com
Cuatro de cada diez dominicanos declaran haber comprometido su alimentación por falta de recursos, en un país donde casi nadie ingiere menos calorías de las necesarias. República Dominicana aparece por encima de Honduras, Perú y Colombia, y muy por encima de México y Costa Rica.
Por qué las dos cifras pueden ser ciertas
No es una contradicción estadística. Los indicadores miden cosas distintas.
La subalimentación estima disponibilidad energética: si el país tiene calorías suficientes y llegan a la población. La inseguridad alimentaria por experiencia mide ajuste y angustia: hogares que llegan a fin de mes cambiando la calidad de lo que comen, reduciendo variedad, sustituyendo proteína por carbohidrato barato.
La lectura que ambos datos sostienen es que el problema alimentario dominicano no es de escasez agregada, sino de capacidad de compra en el hogar. Es un problema de precio e ingreso, no de suministro.
Lo que los datos no sostienen es una explicación de por qué. La encuesta registra experiencias, no causas. Atribuir el 41.3 % a una política concreta excede lo que este indicador permite afirmar, y esta pieza no lo hace.
La factura importada
Un tercer grupo de indicadores aporta contexto.
República Dominicana depende de importaciones para el 63.0 % de los cereales que consume, en el trienio 2021-2023. El agregado de América Latina y el Caribe es de −10.8 %: la región, en conjunto, es exportadora neta de cereales.
Las importaciones de alimentos equivalen al 32 % de las exportaciones totales dominicanas en el trienio 2022-2024. El promedio regional es 8 %.
En la comparación regional, solo Haití (149 %), Cuba (115 %), Jamaica (65 %) y El Salvador (41 %) destinan una proporción mayor de su capacidad exportadora a pagar comida.
Un país que importa dos de cada tres granos y dedica casi un tercio de lo que exporta a pagar alimentos traslada al hogar cualquier movimiento del precio internacional o del tipo de cambio. La conexión entre esa exposición externa y el 41.3 % de inseguridad es plausible y consistente con ambos datos, pero no está probada por ellos: establecerla exigiría una serie de precios de alimentos al consumidor que este archivo todavía no incorpora.
Nota sobre las cifras
La FAO publica el indicador de inseguridad alimentaria con intervalo de confianza. Para República Dominicana, el trienio 2023-2025 arroja una estimación puntual de 41.3 %, con límite inferior de 37.4 % y superior de 45.2 %.
Se advierte porque los tres valores conviven en el archivo de origen sin etiqueta que los distinga, y confundir un límite superior con la estimación —o, peor, con una revisión del dato— produce lecturas falsas. Es un error que CRITERIO cometió al construir esta serie y corrigió antes de publicar. Los límites acompañan al conjunto descargable.
En enero de 2020, el Distrito Nacional concentraba el 56.01 % de las captaciones del sistema financiero dominicano. En julio de 2026 concentra el 56.00 %.
Una centésima de punto de diferencia. En el medio: una pandemia, dos administraciones de gobierno, la expansión turística del Este, y un sistema financiero que duplicó su tamaño.
Fuente: Superintendencia de Bancos de la República Dominicana · criteriolatam.com
Tres jurisdicciones, tres cuartas partes
El Distrito Nacional, Santiago y la provincia Santo Domingo sumaban 77.82 % de las captaciones nacionales en enero de 2020. En julio de 2026 suman 77.04 %. Método: suma de las participaciones de las tres unidades sobre el total de las treinta y dos, en cada uno de los dos meses.
Las veintinueve provincias restantes se reparten menos de una cuarta parte del ahorro bancario del país. La variación de la estructura en seis años y medio es de menos de un punto porcentual.
El único movimiento visible
La excepción es La Altagracia, que pasa de 2.43 % a 3.08 %: la mayor ganancia del período, 0.65 puntos. Es la provincia donde se concentra la actividad turística del Este.
En términos absolutos, las veintinueve provincias fuera del eje Distrito Nacional–Santiago–Santo Domingo pasaron de RD$349,700 millones a RD$798,900 millones, un crecimiento de 128.4 % frente al 120.6 % del total nacional.
El interior creció algo más rápido que el centro. Pero partiendo de una base tan pequeña, ocho puntos de crecimiento diferencial mueven la participación menos de un punto. A ese ritmo, la estructura territorial del ahorro dominicano tardaría décadas en cambiar de forma perceptible.
La advertencia que esta serie exige
La Superintendencia registra las captaciones por la provincia de la oficina que las recibe, no por el domicilio de quien deposita.
Eso significa que el 56 % del Distrito Nacional mide, en parte, dónde están las sedes corporativas y bancarias, no dónde vive el ahorro. Una empresa que opera en San Juan y mantiene su cuenta en una sucursal de la capital aparece como capital.
La concentración real de la riqueza personal podría ser menor que la que muestra este mapa. También podría ser mayor, si los depositantes de mayor patrimonio del interior también centralizan sus cuentas. La estadística pública no permite distinguirlo, y CRITERIO no lo va a estimar.
Lo que sí queda establecido
Con esa salvedad declarada, la serie sostiene un hecho verificable en las 2,528 observaciones que la acompañan: la estructura territorial del sistema financiero dominicano no registró cambio significativo alguno durante el período de mayor crecimiento del ahorro en la serie disponible.
En enero de 2020 las captaciones del sistema financiero dominicano supervisado sumaban RD$1.58 billones. En julio de 2026 suman RD$3.48 billones, un aumento nominal de 120.6 %.
Esa cifra circula bien. Es la que permite decir que el sistema financiero dominicano goza de confianza, que el ahorro crece, que el país está mejor. Y no es falsa.
Pero el peso de 2020 no vale lo que el peso de 2026, y el saldo de un sistema no es lo mismo que el rendimiento de un depósito. Al abrir esas dos distinciones, la serie cuenta una historia bastante menos cómoda.
Primero, lo que sí creció
El Índice de precios al consumidor pasó de 99.22 en enero de 2020 a 140.22 en julio de 2026: una variación acumulada de 41.3 %. Descontada esa inflación, el crecimiento real de las captaciones es de 56.1 %. Método: el factor nominal (2.2065) dividido entre el factor de precios (1.4132).
Cincuenta y seis por ciento de crecimiento real en seis años y medio. El sistema no solo siguió el paso de los precios: los superó con holgura. No hubo fuga de depósitos, ni pánico, ni contracción.
Ese es el hecho, y conviene fijarlo antes de complicarlo.
Lo que no creció fue el peso depositado
El crecimiento del saldo mide cuánto dinero entró. No mide cuánto rindió el que ya estaba. Son cosas distintas, y para el ahorrista individual solo importa la segunda.
El costo promedio de captación de los bancos múltiples —lo que pagan, en conjunto, por el dinero que reciben— fue de 3.73 % en enero de 2020, bajó a 2.07 % en diciembre de 2021, subió a 5.03 % en julio de 2025 y se ubica en 3.98 % en julio de 2026.
La inflación interanual fue de 8.50 % en diciembre de 2021, 9.43 % en julio de 2022, 3.57 % en diciembre de 2023, 3.40 % en julio de 2025 y 5.47 % en julio de 2026.
Fuente: Superintendencia de Bancos de la República Dominicana · criteriolatam.com
Las dos líneas se cruzan poco, y casi siempre en el mismo sentido. En el momento de mayor inflación —el año que va de finales de 2021 a mediados de 2022— el sistema pagaba por el dinero del público alrededor de un tercio de lo que subían los precios. Un depósito que rendía 2 % mientras la canasta subía 9 % perdía siete puntos de poder de compra al año.
Y hoy, con la inflación de vuelta en 5.47 % y el costo de captación en 3.98 %, la diferencia sigue siendo negativa: alrededor de un punto y medio en contra del depositante.
Hace falta una precisión, porque la cifra no dice exactamente lo que parece. El indicador es un promedio de todas las captaciones, incluidas las cuentas corrientes y de ahorro que pagan poco o nada. Quien coloca a plazo recibe más que ese promedio; quien mantiene su dinero a la vista recibe menos, muchas veces cero. La cifra no es la tasa de un certificado: es el precio medio que el sistema paga por fondearse.
Con esa salvedad declarada, lo que la serie sostiene es que el sistema financiero dominicano se fondeó barato durante todo el período, y particularmente barato cuando los precios más subían.
La respuesta del ahorrista
Los depositantes no se quedaron quietos. La composición del depósito lo muestra.
En los bancos múltiples, los depósitos a plazo pasaron de 24.76 % de los depósitos del público en enero de 2020 a 42.74 % en julio de 2026. El punto más bajo fue diciembre de 2021, con 15.07 %.
Cuando la inflación golpeó, el dinero salió de las cuentas que no pagan y se fue a las que sí. De cada diez pesos depositados hoy en un banco múltiple, más de cuatro están inmovilizados a plazo, frente a menos de dos y medio en 2020.
Ese movimiento es la defensa disponible para un ahorrista: renunciar a liquidez para recuperar algo de rendimiento. Que casi se haya duplicado en seis años indica una migración deliberada, no un accidente contable.
Una advertencia sobre esta misma serie: en las asociaciones de ahorros y préstamos el indicador salta de 0.92 % en diciembre de 2021 a 60.75 % en diciembre de 2023. Un cambio de esa magnitud en dos años no describe comportamiento de depositantes, sino un cambio en cómo se clasifica el dato. CRITERIO no lo utiliza hasta poder documentar qué ocurrió con esa clasificación.
Adónde fue el dinero captado
Hay un tercer movimiento, y es el que conecta esta pieza con lo que ya publicamos sobre los fondos de pensiones.
En enero de 2020, la cartera de crédito bruta de los bancos múltiples equivalía a 76.82 % de sus captaciones totales. En julio de 2026 equivale a 68.55 %.
En el mismo período, las inversiones en valores pasaron de 19.59 % a 33.29 % de las captaciones.
Fuente: Superintendencia de Bancos de la República Dominicana · criteriolatam.com
De cada cien pesos que el público deposita en un banco múltiple dominicano, ocho pesos menos que en 2020 se convierten en crédito, y casi catorce pesos más se convierten en títulos.
Un título no es necesariamente público —puede ser deuda corporativa— pero en el mercado dominicano el emisor dominante de valores es el Estado. Sumado a lo que ya sabemos del ahorro previsional, donde el 56.05 % de la cartera es hoy una obligación directa del Ministerio de Hacienda, se dibuja un patrón que atraviesa los dos sistemas de ahorro del país: el ahorro dominicano financia cada vez más al emisor soberano y cada vez menos a la actividad privada.
Esta pieza no puede probar la composición exacta de esas inversiones en valores, porque el indicador agregado no la desglosa. Queda declarado como objeto de la próxima entrega.
Quién capturó el diferencial
Si el ahorrista recibió menos que la inflación y el crédito creció menos que las captaciones, cabe preguntar dónde quedó la diferencia.
La rentabilidad del patrimonio de los bancos múltiples fue de 16.65 % en enero de 2020, 19.76 % en diciembre de 2021, 23.60 % en diciembre de 2023 y 20.51 % en julio de 2026.
El margen de intermediación neto del mismo grupo se mantuvo entre 7.92 % y 8.96 % durante todo el período.
Ese segundo dato es tan revelador como el primero. El costo de fondeo subió y bajó varias veces en seis años; el margen no se movió. El ajuste no lo absorbió el intermediario: se trasladó. Cuando el fondeo se encareció, la tasa activa subió con él.
La rentabilidad no es en sí misma un hallazgo negativo. Un sistema rentable es un sistema solvente, y la solvencia es lo que protege al depositante. Pero un ROE de 23.6 % en el año en que el depositante promedio perdía frente a la inflación describe con precisión de qué lado del contrato quedó el excedente.
Conviene además notar el contraste dentro del propio sistema: en las asociaciones de ahorros y préstamos, la rentabilidad del patrimonio se movió entre 8.13 % y 11.72 %, la mitad de la de los bancos múltiples, mientras pagaban por el dinero del público un punto y medio más.
El indicador que conviene vigilar
El índice de morosidad de los bancos múltiples cayó de 1.77 % en enero de 2020 a un mínimo de 1.06 % en diciembre de 2023, y subió a 1.94 % en julio de 2025. En julio de 2026 se ubica en 1.75 %.
Desde el mínimo de 2023, la morosidad casi se duplicó antes de ceder. Sigue siendo baja para estándares regionales y no anticipa por sí sola un deterioro. Pero es la única de las series revisadas en esta pieza que se movió en dirección contraria a la salud del sistema, y por eso queda declarada.
En sentido opuesto, la eficiencia operativa mejoró de forma sostenida: el indicador de los bancos múltiples pasó de 64.4 % a 56.5 %, ocho puntos de menor gasto por unidad de ingreso.
Las dos verdades
La regla de simultaneidad obliga a dejar ambas afirmaciones en pie.
Es cierto que el ahorro dominicano creció 56 % en términos reales, que el sistema es sólido, más eficiente que en 2020 y con morosidad baja. Un sistema financiero que duplica su tamaño en seis años sin sobresaltos no es un dato menor en la región.
Y es igualmente cierto que ese crecimiento no lo produjo el rendimiento del ahorro: el peso depositado perdió contra los precios durante buena parte del período, el depositante tuvo que inmovilizar su dinero a plazo para defenderse, una porción creciente de lo captado dejó de convertirse en crédito, y la rentabilidad del sistema alcanzó su máximo en el año de mayor pérdida real para el ahorrista.
Quien publique solo la primera lista hace vocería. Quien publique solo la segunda hace panfleto. Las setenta y nueve observaciones mensuales que acompañan esta pieza permiten verificar ambas.
En la primera entrega de esta serie se estableció que dos de cada tres pesos del ahorro previsional dominicano financian al sector público. Esta entrega se ocupa de una pregunta distinta: no cuánto, sino en manos de quién.
Al cierre de julio de 2026, el 56.05 % de la cartera de los fondos de pensiones estaba colocado en instrumentos del Gobierno Central. En enero de 2020 esa participación era de 35.25 %.
Más de la mitad del ahorro para la vejez de los trabajadores dominicanos está en instrumentos de un solo emisor.
Fuente: Superintendencia de Pensiones (SIPEN) · criteriolatam.com
La sustitución
El aumento del Gobierno Central —20.8 puntos— es casi exactamente equivalente a la reducción del sector descentralizado y autónomo, que perdió 33.7 puntos en el mismo período. La diferencia entre ambos movimientos, unos 13 puntos, corresponde a la reducción neta de la exposición estatal total. Método: comparación de las series mensuales de participación por sector.
El Banco Central era, en enero de 2020, el mayor receptor del ahorro previsional dominicano, con 41.72 % de la cartera. En julio de 2026 su participación es de 8.06 %.
Esa reducción es consistente con el proceso de recapitalización del Banco Central y con la disminución de su deuda cuasifiscal. Pero el efecto sobre la cartera de pensiones no fue una diversificación hacia el sector privado: fue un traslado hacia el Ministerio de Hacienda.
Fuente: Superintendencia de Pensiones (SIPEN) · criteriolatam.com
Los límites que fija la normativa
El artículo 97 de la Ley 87-01 enumera los instrumentos financieros en los que pueden invertirse los fondos de pensiones. El artículo 99 establece que la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión determina el grado de riesgo de cada tipo de instrumento, la diversificación de las inversiones y los límites aplicables.
La Resolución núm. 1 de esa Comisión, del 16 de diciembre de 2002, establece en su artículo 4 los límites máximos de inversión por tipo de instrumento, y en su artículo 5 los límites por emisor, aplicables tanto a cada tipo de fondo individual como a la suma de los fondos que administre una AFP.
La Comisión está integrada por la Superintendencia de Pensiones, que la preside, el Banco Central, la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros.
Existe, por tanto, un marco de límites. Lo que esta pieza no puede establecer es cuál es el límite vigente aplicable a los instrumentos del Estado dominicano, ni qué margen resta.
Por qué no se puede verificar con lo publicado
Los cuadros mensuales de SIPEN incluyen, para cada AFP y cada instrumento, columnas de límite permitido y margen disponible. Pero esos límites se expresan por tipo de instrumento y por emisor individual, mientras que la agregación por sector —que es la que permite ver la concentración— no tiene un límite equivalente publicado en el mismo cuadro.
Además, la Resolución núm. 1 de 2002 ha sido objeto de modificaciones sucesivas a lo largo de más de dos décadas. Determinar el límite vigente exige revisar la serie completa de resoluciones de la Comisión, que se publican individualmente en el portal de SIPEN.
CRITERIO no ha completado esa revisión. Es el objeto de la tercera entrega.
Lo que la cifra sí permite afirmar
Que la participación del Gobierno Central en la cartera de pensiones creció veinte puntos en seis años, y que hoy supera la mitad del total.
Que ese crecimiento coincidió con la reducción de la participación del Banco Central, en magnitud similar.
Y que el sector privado no absorbió esa reasignación: bancos comerciales y empresas privadas redujeron su participación en el mismo período.
La pregunta del precio
Hay una dimensión que esta serie aún no aborda y que conviene enunciar con precisión, porque es donde el análisis puede desbordarse hacia la especulación.
Cuando un comprador concentra una porción mayoritaria de las emisiones de un emisor, y ese comprador está obligado por ley a invertir dentro de una lista cerrada de instrumentos, la formación del precio no ocurre en las mismas condiciones que en un mercado con múltiples compradores alternativos.
Eso es teoría financiera, no un hallazgo sobre el caso dominicano. Convertirlo en hallazgo exige responder tres preguntas con documentos:
Qué rendimiento reciben los fondos. SIPEN publica la rentabilidad nominal de los fondos de pensiones. Esa cifra existe y es verificable.
Qué tasa paga el Estado en sus emisiones. Consta en los prospectos y en los resultados de las subastas del Ministerio de Hacienda.
Con qué comparar. El rendimiento de instrumentos de riesgo comparable disponibles en el mercado local: certificados financieros, deuda corporativa de grado de inversión.
Si las tres series muestran que el Estado se financia por debajo de lo que pagaría a otros acreedores, eso sería un hallazgo. Si muestran lo contrario, también.
CRITERIO no ha construido esas series. Están identificadas y las fuentes son públicas. Será objeto de una entrega posterior de esta serie.
Lo que no corresponde es afirmar la conclusión antes de tener los tres números.
Qué significa esto en la práctica
Diversificar una cartera significa repartir el riesgo entre destinos que no fallen al mismo tiempo. Si un emisor concentra más de la mitad, el riesgo de esa cartera es, en buena medida, el riesgo de ese emisor.
En este caso el emisor es el Estado dominicano, y la probabilidad de que incumpla su deuda es baja. Pero es el mismo Estado del que dependen la seguridad social, el empleo público, el gasto en salud y educación, y la garantía estatal de la propia pensión mínima. Si ese Estado tuviera dificultades fiscales, las tendría en todos esos frentes a la vez.
Eso no es un pronóstico ni una denuncia: es la definición de concentración.
Hay una segunda consecuencia, y es de precio. El principal comprador de deuda pública dominicana es un actor obligado por ley a invertir, dentro de una lista cerrada de opciones. En esas condiciones, la tasa a la que el Estado se financia no se forma igual que si compitiera por ese dinero con otros destinos.
Si esa tasa es mayor, menor o igual a la de mercado, esta pieza no lo establece. Las tres series necesarias para saberlo están identificadas y son públicas.
Y queda una tercera, que rara vez se dice. Una porción mayoritaria de la deuda interna dominicana no está en manos de bancos ni de tenedores extranjeros: está en las cuentas individuales de los trabajadores que cotizan. Cuando se discute el nivel de endeudamiento público, se está discutiendo también de quién es ese crédito.
Al cierre de julio de 2026, el 64.11 % de la cartera de los fondos de pensiones dominicanos estaba colocado en instrumentos del Gobierno Central y del sector descentralizado y autónomo, principalmente títulos del Ministerio de Hacienda y del Banco Central.
Dicho de otro modo: de cada tres pesos que un trabajador dominicano ha ahorrado para su vejez, dos están prestados al Estado.
Esa proporción viene bajando. En abril de 2021 alcanzó su nivel más alto de la serie, 81.35 %. Desde entonces retrocedió diecisiete puntos.
Ese descenso es real y sostenido. Pero al abrir la cifra en sus dos componentes, muestra algo distinto de lo que sugiere el agregado.
Fuente: Superintendencia de Pensiones (SIPEN) · criteriolatam.com
Lo que bajó y lo que subió
Entre enero de 2020 y julio de 2026, la participación del Gobierno Central en la cartera pasó de 35.25 % a 56.05 %, un aumento de 20.8 puntos. En el mismo período, la participación del sector descentralizado y autónomo pasó de 41.72 % a 8.06 %, una reducción de 33.7 puntos. Método: diferencia entre el primer y el último dato de cada serie mensual.
La exposición total al Estado cayó doce puntos. La exposición directa al Ministerio de Hacienda subió veintiuno.
Lo que se redujo no fue el financiamiento al sector público: fue el peso del Banco Central dentro de ese financiamiento. En enero de 2020 el emisor principal del ahorro previsional era el Banco Central. Hoy es el Ministerio de Hacienda, con más de la mitad de toda la cartera.
Fuente: Superintendencia de Pensiones (SIPEN) · criteriolatam.com
Dónde fue el resto
Si la exposición estatal bajó doce puntos, esos recursos fueron a algún lado. La respuesta no es la que cabría esperar.
Entre enero de 2020 y julio de 2026, la participación de los bancos comerciales y de servicios múltiples pasó de 10.12 % a 6.96 %. La de empresas privadas pasó de 4.92 % a 2.00 %. La de asociaciones de ahorros y préstamos pasó de 1.85 % a 2.00 %.
En el mismo período, la participación de los fondos de inversión pasó de 5.29 % a 19.49 %.
Es decir: el crédito directo de los fondos de pensiones a la banca comercial se contrajo, y el financiamiento directo a empresas privadas se redujo a menos de la mitad. El único componente que creció fue el de fondos de inversión, que casi cuadruplicó su participación.
Fuente: Superintendencia de Pensiones (SIPEN) · criteriolatam.com
La pregunta que queda abierta
Un fondo de inversión es un vehículo de colocación, no un destino final. Su cartera puede incluir deuda pública, deuda privada, inmuebles o instrumentos estructurados, en proporciones que el cuadro mensual de SIPEN no desglosa.
Eso significa que el 64.11 % es el piso de la exposición estatal, no necesariamente su techo. Si una parte de ese 19.49 % en fondos de inversión estuviera colocada en títulos del Estado, la exposición efectiva sería mayor.
CRITERIO no dispone de esa información. Determinarla requiere las carteras individuales de los fondos de inversión aprobados como alternativa de inversión previsional, que son documentos públicos registrados ante la Superintendencia del Mercado de Valores.
Es el objeto de la segunda entrega de esta serie.
El otro lado del asiento
Hasta aquí la pieza describe una cartera. Pero cada instrumento de deuda tiene dos partes: quien presta y quien debe.
Al cierre de julio de 2026, el patrimonio de los fondos de pensiones ascendía a unos RD$1,481,400 millones. Aplicando la participación de 56.05 %, la tenencia de instrumentos del Gobierno Central equivale a aproximadamente RD$830,300 millones. Sobre un PIB nominal de RD$7,897,551 millones en 2025, eso representa cerca del 10.5 % del producto. Método: participación porcentual del cuadro de SIPEN aplicada al patrimonio total, sobre PIB nominal anual del Banco Central. Pendiente de contraste contra el patrimonio publicado en el boletín trimestral de SIPEN.
Con una deuda pública de 47.9 % del PIB al cierre de 2025, esa tenencia equivale a alrededor del 22 % del total de la deuda pública dominicana. Incluyendo los títulos del Banco Central, la proporción se acerca al 25 %. Método: cociente entre la tenencia estimada y el saldo de deuda implícito en el porcentaje publicado.
Dicho de otro modo: aproximadamente uno de cada cuatro o cinco pesos que debe el Estado dominicano se los debe a los fondos de pensiones de los trabajadores.
Conviene precisar qué no significa esa cifra. Esos bonos no son deuda adicional: ya están contabilizados dentro de la deuda pública interna. Lo que la cifra revela no es cuánto se debe, sino a quién.
Lo que la cifra no incluye
Existen obligaciones del Estado que no aparecen en el saldo de deuda pública y que esta pieza no cuantifica.
Entre ellas, las deudas administrativas con suplidores y contratistas, y los compromisos derivados de contratos de alianza público-privada, en los que el Estado puede asumir garantías sobre deuda contraída por el operador privado.
CRITERIO no dispone de cifras verificadas sobre esos conceptos. Determinar su magnitud requiere los informes de deuda administrativa del Ministerio de Hacienda y el registro de contratos bajo la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas.
Se consigna aquí porque la comparación entre la tenencia previsional y el saldo de deuda pública tiene ese límite: el denominador podría ser mayor que el publicado.
Qué significa esto en la práctica
Cuando un trabajador dominicano cotiza a su AFP, ese dinero no se guarda: se presta. La ley obliga a invertirlo, y la AFP escoge entre los instrumentos que la normativa autoriza.
Hoy, dos de cada tres pesos de ese ahorro están prestados al Estado dominicano. En abril de 2021 eran cuatro de cada cinco.
Visto desde el otro lado, el resultado es el mismo hecho expresado al revés: alrededor de uno de cada cuatro pesos que debe el Estado dominicano se los debe a los trabajadores que cotizan. No a bancos extranjeros, no a organismos multilaterales, no a tenedores internacionales de bonos: a los afiliados del sistema de pensiones.
Eso no es irregular. La ley permite invertir en instrumentos del Estado, y esos instrumentos suelen ser los de menor riesgo disponible en el mercado local. Un país donde el ahorro previsional financia obra pública en lugar de salir al exterior tiene, en principio, un circuito virtuoso.
Lo que la cifra plantea es otra cosa: la pensión futura de esos trabajadores y la solvencia del Estado dejaron de ser dos riesgos separados. Si uno se deteriora, el otro también.
Y hay un dato que conviene retener por lo que abre más que por lo que dice: el financiamiento directo de los fondos de pensiones a empresas privadas dominicanas se redujo de 4.92 % a 2.00 % de la cartera en seis años. El ahorro de los trabajadores llegó al Estado; a la empresa privada dominicana, cada vez menos.
El Gobierno dominicano cerró el ejercicio 2025 con un déficit equivalente al 3.45 % del producto interno bruto y una deuda pública de 47.9 % del PIB.
Presentadas solas, esas cifras describen un ejercicio ordenado. Presentadas junto a las dos versiones del presupuesto que las precedieron, describen otra cosa.
La vara se movió en agosto
En agosto de 2025 el Ministerio de Hacienda sometió al Congreso Nacional un proyecto que modificaba la Ley 80-24, estimando ingresos por RD$1,277,364.7 millones.
De la cifra publicada de aumento neto se despeja un gasto inicial aprobado de aproximadamente RD$1,483,834 millones. Método: despeje aritmético sobre la variación porcentual publicada.
Dos formas de cumplir una meta
La Política Presupuestaria para 2025, publicada en junio de 2024, situaba el déficit previsto en 3.1 % del PIB.
El déficit ejecutado coincide casi exactamente con el del presupuesto reformulado. Pero no se llegó ahí por la vía que el plan preveía.
